27.09.2016
El proyecto de reforma a la educación superior que se tramita actualmente en el Parlamento ha sido cuestionado desde distintos sectores por sus debilidades en múltiples áreas, como es la definición de universidad y de lo público, el financiamiento, el aseguramiento de la calidad y la nueva institucionalidad, entre otras. Frente a ello, el Ministerio de Educación ha anunciado que ingresará una indicación sustitutiva que se hará cargo de algunas de las críticas planteadas y que, según anunció la ministra Adriana Delpiano, podría tener lugar en octubre.
En este contexto, y para conocer la opinión de los sectores representativos del Consejo de Rectores, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados citó a la Red de Universidades G9, en cuya representación asistieron su presidente, el rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Claudio Elórtegui, y el rector de la Universidad de Concepción, Sergio Lavanchy.
ASPECTOS CRÍTICOS
En la oportunidad, ambas autoridades señalaron que se deben realizar ajustes significativos a la iniciativa. En opinión del rector Elórtegui, hay aspectos que constituyen limitaciones, debilidades y que no contribuyen al diseño de una buena política pública en educación superior. En este sentido, la iniciativa propone más calidad e inclusión, áreas que son compartidas por el G9, pero se contradicen en cómo están esbozadas hoy en el texto.
Según explicó el presidente del G9, algunos de estos elementos críticos son, por ejemplo, el maltrato que reciben las universidades púbicas no estatales en la iniciativa, que han hecho un tremendo aporte a la educación superior y al país, y la sobrerregulación que implica la creación de la nueva institucionalidad, con la subsecretaria, la superintendencia y el consejo de calidad. “Si bien compartimos la conveniencia de avanzar en más y mejor regulación, el proyecto contempla un exceso, y un intervencionismo por parte del parte del Estado que puede conducir a que el desarrollo de las instituciones se vea seriamente afectado en el futuro”, señaló.
En tanto, el rector de la Universidad de Concepción coincidió en que la institucionalidad diseñada coarta los planes de desarrollo que las propias comunidades académicas pudieran hacer, con una serie atribuciones que afectará la autonomía de las instituciones. En relación a la calidad y al comité directivo que velará por su aseguramiento, el rector Lavanchy dijo que al ser nueve de sus 11 miembros designados por el Presidente de la República de turno, se le quitará independencia al poder ejecutivo respecto a las resoluciones que se tomen sobre acreditación.
Para Lavanchy, otro de los aspectos sensibles del proyecto es la clasificación que se hace del sistema, con CFT e IP, universidades estatales y el resto, donde se homologan todas las universidades privadas: “ahí debe hacerse una modificación, porque hay un grupo de universidades que sin ser estatales merecen un trato distinto del que está actualmente expresado en el proyecto de ley, donde prácticamente se desconoce toda la historia de desarrollo de la educación superior y del aporte que han hecho las instituciones del G9”.
ÁREAS A RECONSIDERAR
El rector Claudio Elórtegui planteó que no se aprovecha esta oportunidad histórica para avanzar en el fortalecimiento de las universidades regionales, que son medios muy potentes para avanzar en la descentralización del país, y que la comunidad nacional comparte. Asimismo, dijo que hay insuficiencias en otras áreas: “en cuanto al desarrollo de las ciencias, tecnologías y la creación, nos parece débil; no está el apoyo al posgrado, que es fundamental para la formación de capital humano avanzado; es insuficiente el incentivo a la educación técnico-profesional, que es esencial en Chile por razones económicas y sociales”.
Respecto al financiamiento, indicó que hay serias críticas que comparten múltiples sectores. “Las universidades del G9 se ven muy afectadas, ya que los aportes basales tienden a desaparecer en un plazo de cinco años y eso es malo no sólo para nuestras instituciones, sino para el sistema en su conjunto, dada la contribución que realizan estas universidades”, señaló el profesor Elórtegui. Sobre esta temática, la ministra de Educación propuso mantener dichos aportes, ante lo cual el rector de la PUCV indicó que espera que dicho planteamiento se concrete y que, más allá de este anuncio, las indicaciones que se lleven a cabo contengan modificaciones muy profundas, porque es un proyecto que tiene muchos problemas.
La presentación del rector Claudio Elórtegui puede ser descargada aquí
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